Desalojo em el campamento Quilombo Campo Grande (MG) enciende alerta durante la pandemia

Por Región Sudeste / MST
El Movimiento Sin Tierra

Después de 56 horas de resistencia, acompañada de numerosas manifestaciones de apoyo y solidaridad nacional e internacional, el viernes 14, la Policía Militar de Minas Gerais, desalojó una de las áreas del campamento Quilombo Campo Grande, demoliendo las casas de 14 familias campesinas, plantaciones y la Escuela Popular Eduardo Galeano.

Conocido por la producción del Café Guaií, el campamento Quilombo Campo Grande, situado en Campo do Meio (MG), reúne 450 familias, que desde hace más de 20 años producen alimentos sin veneno. Las familias Sin Tierra exigen a la justicia la garantía del derecho a la Reforma Agraria en las tierras del antiguo ingenio de caña de azúcar Ariadnópolis, que declaró la quiebra dejando deudas con el Estado y con los trabajadores e trabajadoras.

En una nota emitida por la dirección del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra(MST) del estado de Minas Gerais, denunció que el área de 26 hectáreas inicialmente constatadas en el proceso judicial, que ya habían sido desocupadas, fue ampliada a 52 hectáreas en el último despacho del Juzgado Agrario y la operación policial trascendió los limites determinados por la orden judicial, colocándose contra los intereses del pueblo y promoviendo una escalada de violencia en el campo, agravado por la crisis sanitaria y económica de Covid-19.

Según el Movimiento, con la acción iniciada el último miércoles 12, Romeu Zema (Novo-MG) y las demás autoridades judiciales no cumplieron el acuerdo firmado en la mesa de diálogo sobre conflictos de tierra, para que las familias permanezcan en el lugar por lo menos mientras exista necesidad de aislamiento social en función de la pandemia. Monseñor Vicente Ferreira, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Belo Horizonte, denunció que “es inadmisible desalojar durante la pandemía, ningún argumento justifica esta violación de los derechos humanos fundamentales. El respeto a la dignidad de la persona humana es un principio basilar de la Constitución brasilera”, dice el obispo.

Frente a las aglomeraciones provocadas por la truculenta acción policial, las familias del campamento Quilombo Campo Grande presentaron a la Municipalidad de Campo do Meio, un pedido de testes en masa y una atención mínima de asistencia social. Sin embargo ninguna de las familias había obtenido respuestas en el momento de la publicación de este reportaje.

Para Michelle Capuchino, de la dirección del MST del estado de Minas Gerais, “desde el inicio de la operación criminal, intentamos dialogar con el gobierno del estado, denunciando que era un crimen realizar un desalojo en medio de la pandemia. Creemos que este gobierno es criminal, y que el municipio que está bajo la gestión de Robson de Sá es omiso y coautor de esta atrocidad, ya que colocó en peligro a todo Campo do Meio y el sur de Minas”.

Rio de Janeiro

El caso de Quilombo Campo Grande no está aislado y revela un escenario más amplio de reiterados intentos de remociones forzadas en la región sudeste de Brasil. Más allá del riesgo para miles de familias campesinas, ya que muchos desalojos recurren a la violencia policial, este contexto es todavía mas grave frente a la crisis de salud pública del país.

El uso de la fuerza policial fue autorizado por el Tribunal Federal de Rio de Janeiro en agosto de 2019 para la ejecución del desalojo del Proyecto de Desarrollo Sustentável(PSD) Osvaldo de Oliveira, en la región serrana de Macaé(RJ). Es el primero de esta modalidad en el estado, localizado en una área de recuperación de la Mata Atlántica. Frijoles, maíz, zapallo, sandía, jiló, banana, coco, graviola, mandioca y hortalizas son algunos de los productos cultivados.

Con la pandemia, el plazo inicialmente estipulado para la remoción, que era de 90 días, fue suspendido. “Es un cuadro completamente controvertido porque el asentamiento es consolidado, Son 63 familias produciendo alimentos agroecológicos, participamos en ferias y en el Programa de Alimentación Escolar (PNAE)”, apunta Nelson Bernanrdes, de la dirección nacional del MST en Rio de Janeiro, explicando que la permanencia de las familias es extremamente relevante para la conservación ambiental del área.

“ Las famílias del PDS pasaron por un proceso de formación em agroecología muy extenso, asimilando una matriz fundamental para la producción y preservación ambiental. El Juez de Apelación que entiende en la causa tiene una mirada tendenciosa porque fundamenta su decisión apenas en la lectura de los documentos del propietario”, relata la abogada del sector de derechos humanos del MST-RJ, Fernanda Vieira.

Conocida anteriormente como Hacienda Bom Jardím, el asentamiento Osvaldo de Oliveira está localizado en el distrito Corrego do Ouro, en la región norte del estado de Rio de Janerio. La propiedad fue considerada improductiva por el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), en 2010, y fue destinada para fines de Reforma Agraria. En el mismo año cerca de 300 familias del MST ocuparon las tierras de la hacienda, el día 7 de septiembre, con el objetivo de presionar para que se realice la desapropiación que hasta hoy no fue concluída.

São Paulo

Recientemente, el consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Condepe) del estado de San Pablo, condenó las restituciones de tenencia que están en curso en todo el estado de San Pablo en plena pandemia de Covid-19. En un oficio publicado el día 16 de junio, el Condepe cita 24 casos ocurridos o en proceso en todo el estado.

En el estado de San Pablo, tres áreas en lucha por la Reforma Agraria están con fecha de desalojo suspendida por tiempo indeterminado. Son el campamento Marielle Vive!, situado en Valinhos, el campamento Paulo Botelho, en el municipio de Jardinópolis, y el asentamiento Luiz Beltrame en Gália, que recibió la suspensión el día 29 de julio por orden del Tribunal Regional Federal de San Pablo (TRF)

Localizado a 60 km de Bauru, al interior del estado, el asentamiento Luiz Beltrame existe como territorio reconocido judicialmente desde hace cerca de seis años. En 2014, las haciendas Portal Paraíso y Santa Fé fueron desapropiadas al empresario Jorge Ivan Cassaro por crimen ambiental e improductividad, a favor de 77 familias Sin Tierra que, en 2009, iniciaron su lucha por la tierra.

Allí se produce mandioca, batata/camote, maíz, frijoles, maracujá, entre otros granos, frutas e verduras de hoja, además de la producción animal y sus derivados, como leche y queso. Semanalmente son comercializadas más de 100 cestas agroecológicas en Baurú, Marilia y región.

En el campamento Paulo Botelho, las famílias ocupan una area de la antigua Red Ferroviaria Federal S.A. (RFFSA) administrada por la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU), antes utilizada ilegalmente por empresas para la producción de caña de azúcar y como basurero de desechos industriales. Se suma al riesgo de desalojo, las acciones criminales e intimidaciones provocadas por terceros.

En un oficio publicado el 16 de junio, el CONDEPE denunció el incendio criminal ocurrido el último 28 de abril en el acampamento Paulo Botelho, hecho que abre sospechas sobre la intencionalidad del incendio sucedido la tarde de jueves 13, que afectó algunas de las casas de las familias acampadas

Desalojo Cero

Según el Condepe, la pandemia de Covid-19 demuestra de forma dramática las profundas desigualdades sociales de la sociedad brasilera. Se manifiesta contrario a las restituciones, el órgano resalta la existencia de elementos en la Constitución que protegen la dignidad de la persona humana y que justifica la no remoción de las familias “mientras duren las necesarias medidas de aislamiento social y de enfrentamiento de esta enfermedad”

Frente a la falta de responsabilidad de algunos sectores del poder público con la garantía de los derechos humanos más fundamentales en relación a los desalojos y remociones durante la pandemía, más de 40 organizaciones sociales y movimientos populares lanzaron la campaña “Desalojo Cero -Por la vida en el campo y en la ciudad”

La iniciativa, de la que participan mas de 100 movimientos populares, entidades y organizaciones sociales, denunció a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la destrucción de la escuela y el desalojo de las familias en Quilombo Campo Grande(MG)

En las redes sociales la campaña contra la remoción movilizó las hastags #SalveQuilombo #DespejoZero e #ZemaCovarde. Después de la operación que contó con más de 200 policías armados, patrulleros y helicópteros, el movimiento busca apoyo en la solidaridad de la población para reconstruir colectivamente la estructura de la escuela y las casas afectadas.

*Editado por Fernanda Alcántara
**Traducción: Josefina Mastropaolo