Extranjeros controlan al menos 17 mil hectáreas de unidades de conservación en Brasil

Por Daniel Giovanaz/ Traducción: Pilar Troya
Da Página do MST

Personas físicas y jurídicas extranjeras controlan, formalmente, 17,3 mil hectáreas de unidades de conservación (UC) en Brasil. El número, obtenido por el este medio vía Ley de Acceso a la Información, se refiere a la suma de 39 áreas, registradas a nombre de 27 personas físicas y seis personas jurídicas diferentes.

Fueron considerados solo los territorios arrendados o comprados. O sea, quedaron por fuera áreas de UC y parques estaduales y nacionales concedidos a la iniciativa privada para explotación turística, por ejemplo.

Para auxiliar en la interpretación de los dados y del contexto en que se insertan, Brasil de Fato entrevistó a la abogada socioambiental e integrante de la organización Grain para América Latina, Larissa Packer.

Su primera ponderación es sobre eventuales maniobras que hacen que los casos sean subregistrados.

“Esos números se refieren a extranjeros o personas jurídicas brasileñas equiparadas que siguieron el trámite exigido por la legislación, pidieron autorización del Ministerio de Agricultura, tienen escritura pública”, explica.

Para efectos de comparación, recuerda que una área mucho mayor, cerca de 750 mil hectáreas, fue adquirida desde 2008 por un fondo de pensión privado de profesores universitarios de los Estados Unidos (TIAA-CREF, por su sigla en inglés) y por el fondo de inversiones de la Universidad de Harvard.

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) reconoció en mayo de 2019 que, aunque se usaran empresas brasileñas para efectivizar la compra de los terrenos, eran los dos fondos extranjeros los que estaban por detras de las negociaciones.

“Esas artimañas hacen que la adquisición de tierras por extranjeros sea muy subregistrada”, enfatiza.

Rayo x

Las UC, según la Ley 9.985/2000, son “espacios territoriales y sus recursos ambientales, incluyendo las aguas jurisdiccionales, con características naturales relevantes, legalmente instituidos por el poder público, con objetivos de conservación y limites definidos, bajo régimen especial de administración, al cual se aplican garantías adecuadas de protección de la ley.”

Todas las áreas que integran el levantamiento de Brasil de Fato permiten regularización de parcela individual y están en conformidad con la legislación vigente.

Con 99,99% de capital extranjero, Fiat Automóveis S.A. – subsidiaria de la ensambladora italiana – lidera la lista obtenida del INCRA. La empresa posee 10.356 hectáreas adquiridas en Itacarambi (estado de Minas Gerais, en el centro del país), en un área denominada Fazenda Vargem Grande Pitanga.

Itacarambi es uno de los tres municipios que contienen el Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, una UC creada en 1999 con participación de Fiat.

En esa época, la empresa firmó un Término de Ajuste de Conducta (TAC) con el Ministerio Público Federal (MPF) después de ser multada por emitir contaminantes fuera de los estándares aceptables en una línea de automóviles. Como forma de compensación ambiental, Fiat se comprometió a adquirir tierras en esa área para implementación de la reserva de Peruaçu, además de garantizar las obras de infraestructura del Parque.

Brasil de Fato entró en contacto con la asesoría de comunicación de Fiat Automóviles S.A., que no respondió a las preguntas sobre las actividades realizadas en la UC en Minas Gerais ni sobre los planes de la empresa para esa área.

Las otras cinco personas jurídicas con uno o más socios extranjeros que controlan oficialmente áreas de UC en Brasil son:

Al-Wabra Empreendimentos y Participações Ltda, en Curaçá (estado de Bahía): Fazenda Concordia, con 2.380 hectáreas y 99,99% de capital extranjero (Catar).

Biosev Bioenergia S.A., en Colombia (estado de São Paulo): Fazenda Perdizes, con 557,6 hectáreas y 95% de capital extranjero (Holanda).

Estaleiro Itajaí, en Itajaí (estado de Santa Catarina): con 282,8 hectáreas y 78,73% de capital extranjero (Espanha).

International Paper do Brasil, en Três Lagoas (estado de Mato Grosso do Sul): Fazenda Barra do Moeda, Gleba A, con 39,4 hectáreas; Fazenda Barra do Moeda Gleba B, con 21,3 hectáreas. 99,99% de capital extranjero (Estados Unidos).

Baden Baden Hotéis y Turismo Ltda, en Santo Amaro da Imperatriz (estado de Santa Catarina): Fazenda do Tabuleiro, con 7,7 hectáreas y 55% de capital extranjero (varias nacionalidades).

Motivaciones

Packer analiza los posibles intereses de empresas extranjeras al adquirir áreas de UC en Brasil – formalmente o por medio de artimañas, como se citó antes.

“En primer lugar, el precio de la tierra, que es más barato, en función de las restricciones de uso”, puntúa. “Segundo, porque, con la Ley 13.465, de regularización agraria, los servicios ambientales pasan a ser considerados cultivos efectivos.”

En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el PL 5.028/19, que crea la Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PNPSA).

Ese programa compensará financieramente acciones de manutención, recuperación o mejora de la cobertura vegetal en áreas consideradas prioritarias para la conservación.

La propuesta, que aguarda sanción presidencial, “autoriza la emisión de títulos sobre servicios ambientales, inclusive secuestro de carbono, y su posible comercialización en mercados internacionales”, alerta la abogada socio ambiental.

Especulación

En diciembre de 2020, el Senado aprobó el PL 2.963/2019, que flexibiliza las reglas para la adquisición de tierras por extranjeros. Entre otras medidas, la propuesta que sigue para votación en la Cámara de Diputados autoriza la compra, por personas físicas o jurídicas extranjeras, de hasta 25% del área de los municipios brasileños.

El autor de la propuesta es el senador Irajá Abreu, del estado de Tocantins, que integra la bancada ruralista y es hijo de la senadora y exministra Katia Abreu.

La legislación actual, de 1971, sólo permite la adquisición de tierras en caso de extranjeros residentes en Brasil, empresas ya autorizadas a funcionar en el país o empresas brasileñas cuya mayor parte del capital social pertenezca a extranjero.

Aunque el presidente Jair Bolsonaro (sin partido) haya señalado por redes sociales que está contra el proyecto de flexibilización, eso no significa que Brasil esté frenando las embestidas de transnacionales sobre las tierras brasileñas. Al final, la sanción del PL 5028/19, mencionado arriba, garantizaría “acceso indirecto” a la tierra por el capital extranjero.

“Con el PL de servicios ambientales, no será necesario adquirir ni arrendar: con un contrato de pago de servicios ambientales [a los brasileños que hoy poseen la tierra], una empresa transnacional tiene acceso indirecto a la tierra por un período de 30, hasta 50 años, burlando de nuevo la ley de adquisición de tierras por extranjeros”, completa.

El Código Forestal ya autoriza la posibilidad de comercializar, dentro del mercado de servicios ambientales, créditos de carbono y biodiversidad. “Eso no infringe más la función socioambiental de la tierra, ya que prestar servicios ambientales, incluso sin ninguna productividad, forma parte del contenido de cultivo efectivo. Y la tierra parada favorece la especulación”, alerta la abogada.

Como Bolsonaro mira el tema

Larissa Packer analiza que la postura de Bolsonaro contra el PL de la flexibilización converge con el posicionamiento histórico de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la especialista ve al presidente tensionado por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) a permitir la mercantilización y financiarización de la naturaleza.

Cuanto más lucra la economía marrón contaminando y deforestando, más lucra la economía verde financiarizada 

En su interpretación, hay dos tendencias diferentes en el agronegocio brasileño: la primera, más vinculada a la Unión Democrática Ruralista (UDR), sería la cara más truculenta, que apuesta por la renta de la tierra a partir de grilagem [utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de tierras] y deforestación; la segunda, más “moderna”, representada por la FPA, acoge la exigencia de cierta adecuación ambiental del producto de las cadenas globales de valor, lo que lleva al sistema financiero a defender algunas salvaguardas socioambientales.

“Desde 2009, alrededor de la Convención sobre Cambio Climático, hay intentos de mecanismos financieros que tornen viable económicamente – y paguen el costo de oportunidad – para que los productores dejen de avanzar sobre los bosques con commodities agrícolas. Entonces, el bosque en pie tiene que incorporar valor económico”, explica.

“Bolsonaro toma posesión desconociendo completamente esas estructuras de mercado sobre los bosques. Hoy, ya entiende más. Por eso, el gobierno insiste que Brasil ya tiene suficientes unidades de conservación. O sea, no vamos a aumentar el área de conservación: tenemos nuestros activos ambientales y vamos a darles valor, introducir eso en el mercado internacional”, completa Packer.

Eso significa que reservas legales, áreas de protección permanente (APP) y UC que ya existen serían autorizadas a generar créditos de carbono, y esas áreas pasan a atraer transnacionales que necesitan “compensar” sus emisiones de contaminantes en otros lugares del planeta.

Ese será uno de los temas en debate en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021, también conocida como COP26, que será realizada en noviembre en Reino Unido.  Brasil, contrariando la posición histórica de Itamaraty, defiende hoy mecanismos de financiarización de los bosques como alternativa a la destrucción y la escasez.

En Estados Unidos, por ejemplo, después de una serie de incendios devastadores en el estado de California, se comienza a comercializar títulos de agua en el mercado financiero.

Sobre las leyes de la oferta y demanda, cuanto más escasos los bienes ambientales, mayor su valor de mercado, de forma que los riesgos ambientales y climáticos pasan a ser factores de especulación. 

“Si los grandes incendios que ocurrieron en el Pantanal en 2020 se repitieran, mayor el valor del metro cúbico de agua, de la tonelada de carbono y de la cuota de reserva ambiental (CRA), que representa una hectárea de vegetación nativa. Porque, hoy, la mitad del Pantanal no existe”, analiza la abogada. “Así, cuanto más lucra la economía marrón contaminando y deforestando, más lucra la economía verde financiarizada.”

Oficialmente, según el INCRA, 3,98 millones de hectáreas de tierras agrícolas brasileñas pertenecen a personas de otras nacionalidades, empresas extranjeras o empresas brasileñas constituidas o controladas por extranjeros. La mayor parte de ellas están concentradas en los estados de Minas Gerais, São Paulo y Mato Grosso.

Edición: Leandro Melito