La destrucción del Cerrado brasileño se dispara un 7,9% y es la mayor desde 2016

Por Murilo Pajolla/ Traducción: Isabela Gaia
De Lábrea (Brasil)

La destrucción del Cerrado, la sabana con mayor biodiversidad del planeta, continúa a buen ritmo en Brasil y se ha disparado un 7,9% en 12 meses. Se perdieron 8.500 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, un área equivalente a casi seis veces la ciudad de São Paulo. 

Aunque cubren el período comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los datos fueron publicados en la víspera de Año Nuevo, en medio de las festividades y sin hacer mucho ruido, por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), una agencia del gobierno federal brasileño.

La superficie deforestada es la más alta desde 2016 y representa un hito más de devastación ambiental en el gobierno de Jair Bolsonaro, un fiel aliado del sector más destructivo de la agroindustria. 

Según un estudio de Mapbiomas, la ganadería y la agricultura de exportación fueron responsables del 99% de la deforestación en el Cerrado, que ha perdido casi la mitad de su cobertura vegetal original.  

Las estadísticas del INPE también revelan que la llegada de Bolsonaro al poder interrumpió una trayectoria de caída drástica en la devastación del bioma, verificada entre los años 2004 y 2017.

A este ritmo, el algodón, el maíz y especialmente la soja ocuparán el lugar de las 12 mil variedades de plantas típicas de la región; una biodiversidad que guarda en sí misma la posibilidad de una economía sostenible sin devastación, conflictos agrarios o desigualdad social. 

Una identidad sofocada 

“Cuando hablamos de 12 mil especies, estamos hablando de 12 mil posibilidades de bioprospección, fármacos, cosméticos, frutas, mermeladas. Es una diversidad gigantesca, y la estamos descubriendo, pero a un ritmo mucho más lento que el de la deforestación. Con la soja, estamos desperdiciando todas estas posibilidades.”

La observación la realiza el geógrafo e investigador Yuri Salmona, director del Instituto Cerrados. Activa desde 2011, la entidad es una de las ONG que fomentan la preservación del medio ambiente y el desarrollo de la economía regional, con un enfoque en el fortalecimiento de las comunidades tradicionales. 

“Uno cree que es muy bonito importar una serie de frutas y bebidas de países europeos, principalmente Francia e Italia, pero tiene una gran dificultad para ver su propia riqueza. Estamos renunciando a nuestra identidad en favor de la soja”, reflexionó el director del Instituto Cerrados. 

Repartido en el 24% del territorio nacional y en 11 unidades de la federación, el Cerrado brasileño fue más devastado en tres de sus estados: Maranhão (2,2 mil km²), Tocantins (1,7 mil km²) y Bahía (925 km²). Ellos conforman el llamado Matopiba, una combinación de las siglas de los tres estados -además de Piauí- donde el monocultivo ha avanzado agresivamente desde los años 1980. 

“Pau-brasil, caña de azúcar, oro, petróleo, soja y carne. Tenemos hoy una forma de organización en el que Brasil se ubica en el mercado internacional de la misma manera que lo hizo cuando fuimos colonizados. La base de la balanza comercial es la exportación de commodities de bajo valor agregado”, afirmó el geógrafo.

La ilusión de desarrollo 

A esta altura, es bien conocida la complicidad del gobierno federal con los delitos ambientales. “El problema es una falta generalizada de planificación, capacidad de monitoreo, acciones de mando y control, y un planeamiento y ocupación inteligentes del Cerrado”, señaló Salmona. 

La ausencia de una política económica nacional orientada al desarrollo sostenible, sin embargo, es otro factor decisivo para la proliferación, cada vez más destructiva, del monocultivo en el Cerrado. 

“La ley Kandir no cobra ICMS [Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios] por productos no manufacturados de origen agropecuaria. En otras palabras, esta gran exportación no está retornando en términos de recursos para la inversión en el país. Por no mencionar que la infraestructura que permite esta exportación se financia con las arcas públicas”, criticó.

El Plan Safra, un programa federal que anualmente otorga crédito a pequeños y medianos productores, también fomenta las actividades agrícolas depredadoras al descuidar a los pequeños productores y agroextractivistas.

De los 251,2 mil millones de reales gastados en recursos del Plan Safra 2021/2022, menos de 40 mil millones se destinaron a la agricultura familiar. En la edición anterior, el índice fue un 19% más bajo. La falta de incentivos para la economía verde a nivel nacional, según el investigador, se repite a nivel estadual y municipal. 

“Entonces tenemos un Estado que financia masivamente ese modo de producción de monocultivos, de latifundios para la exportación de commodities de bajo valor agregado”, señaló.

Como la actividad del monocultivo se desvincula del desarrollo local, cuando llega la frontera agrícola, el resultado es el desempleo y el aumento de la concentración de ingresos, especialmente en manos de quienes se benefician en dólares de las exportaciones. 

“Se puede llegar a tener un aumento momentáneo en el IDH [Índice de Desarrollo Humano] porque se termina ‘exportando’ a la población a la próxima frontera agrícola. Porque allí habrá pocos puestos de trabajo y una mano de obra relativamente calificada. Y esa masa de gente quedará sin trabajo”, explicó el director del Instituto Cerrados.

Borrado de datos 

La serie histórica de deforestación en el Cerrado comenzó en 2000, pero su futuro es incierto. Según WWF-Brasil, el PRODES Cerrado (el proyecto de monitoreo realizado por el INPE que generó los datos presentes en este informe), se encuentra amenazado por la falta de fondos. 

“En este escenario de clara tendencia al aumento de la deforestación en el Cerrado, el riesgo de que el PRODES Cerrado se vuelva inviable a partir de enero de 2022 por falta de fondos equivale a una carta en blanco para los deforestadores”, afirmó Mariana Napolitano, gerente científica de WWF-Brasil.

“Se trata también de un ataque más a la producción científica nacional y también a la función supervisora del Estado, que sin datos actualizados y confiables es menos capaz de implementar acciones y políticas ambientales”, agregó.

Edición: Vinícius Segalla