La lucha por Desalojo Cero: ¿cómo llegamos a la prórroga de la ADPF 828?

Por Fernanda Alcântara
De la página del MST

Con el fin de junio, una reivindicación centenaria parece haber dado una tregua a 500 mil personas amenazadas por los desalojos y las expulsiones forzosas en Brasil. Después de mucha lucha, la Campaña Desalojo Cero (Despejo Zero, en portugués), articulada por varios movimientos sociales, consiguió ampliar el plazo de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que prohíbe los desalojos hasta el 31 de octubre de este año.

La decisión del ministro del STF, Luís Roberto Barroso, fue oficializada el pasado jueves (30), garantizando que, durante este período, las 142.385 mil familias amenazadas de desalojo en el país puedan permanecer en sus casas y territorios ocupados. 

La lucha por la vivienda y los derechos humanos atraviesa la historia del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), que se unió a otros movimientos urbanos y rurales para fortalecer la resistencia en las áreas ocupadas de la ciudad y el campo. “Sólo en el campo, tenemos una situación de 30 mil familias que dependen de la Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  (ADPF) 828 para no sufrir un desalojo directo; en una perspectiva general de las 90 mil familias del MST acampadas, esto ha sido bastante importante”, afirmó Kelli Mafort, de la dirección nacional del MST.

Con un discurso categórico, Kelli Mafort señala que la suspensión de los desalojos en Brasil es una victoria de la lucha popular en diferentes aspectos. Destaca, por ejemplo, una petición presentada ante el STF el 15 de junio de este año, en la que se solicita a la Corte la prórroga de la medida. “En esa solicitud reunimos una vasta argumentación vinculada tanto a factores sanitarios, como al agravamiento social del país, que justificaba la prórroga”.

Frente amplio y popular

Así, el MST defiende la lucha popular y la presión de la sociedad para colocar la vida por encima de cualquier otro interés y por el derecho a la alimentación, la vivienda, la tierra y el trabajo. Por eso, el Movimiento estuvo presente en diferentes acciones del calendario de luchas por el Desalojo Cero, como la semana del 21 de junio, cuando se realizaron decenas de actos en todas las grandes regiones del país, con movilizaciones en las zonas rurales y urbanas de los estados.

Para Mafort, estas acciones contribuyen a reforzar tanto los lazos de unidad en la lucha por la tierra y la vivienda, de los movimientos urbanos y rurales, como en la articulación política que la Campaña Desalojo Cero ha construido con el STF.

“Además de los Sin Tierra y los Sin Techo, que fueron los protagonistas de estas luchas de resistencia, también contamos con la participación de la sociedad que acompaña estos campamentos urbanos y rurales, y con personas solidarias de diferentes segmentos de la sociedad, como el movimiento sindical, las universidades y las organizaciones populares. Esto también fue muy importante en esta decisión del STF”, Mafort.

Al sumarse a la lucha por la prórroga del ADPF 828, el MST ha impulsado internacionalmente la denuncia de los desalojos como violación de los derechos humanos y el agravamiento de los riesgos que supone en medio de la actual crisis sanitaria, social y económica de Brasil. Para facilitar la movilización y presionar al STF, se creó una petición de apoyo con versiones en portugués, español, francés e inglés, que podían firmar personas y organizaciones de todo el mundo que apoyan la lucha contra los desalojos en Brasil.

En total, más de 1.000 cartas de diferentes países del mundo fueron enviadas a los ministros para la prorrogación del ADPF. “Como el Movimiento tiene gran capilaridad en su articulación internacional, los comités de amigos y amigas del MST en otros continentes también se movilizaron por esta pauta contra los desalojos. Esta campaña por la prórroga fue asumida por estos amigos y amigas, algunos de ellos parlamentarios que enviaron cartas al Supremo Tribunal Federal, implicando a un mayor número de la sociedad”, dijo Mafort.

La urgencia del Desalojo Cero en las ciudades y el campo hoy 

La preocupación internacional por los desalojos en Brasil fue un punto relevante en la decisión tomada por el ministro Barroso, según Mafort, aunque el factor preponderante para la prórroga es la cuestión sanitaria. “Este ha sido el principal argumento utilizado por el ministro Barroso para pautar sus decisiones. Dice que no le corresponde al Poder Judicial interferir o incluso dictar la política de tierras o de vivienda, por lo que la pandemia sigue siendo un factor que el STF destaca, más aún por el aumento de los casos de contaminación por Covid-19 y el aumento del promedio de muertes”.

Además del aspecto sanitario, hay que tener en cuenta los impactos sociales y económicos que la pandemia ha dejado, especialmente en la vida de los más pobres, a lo que se suma un empeoramiento de las condiciones de vida debido a otros factores como el desempleo, el aumento de los precios de los alimentos, los alquileres, el gas de cocina y el combustible.

Otro factor considerado por Barroso fue lo que él llama “flagelo social”, identificando cuánto ha empeorado la situación económica y afecta a los más pobres. Como ejemplo, el ministro cita que en Río de Janeiro, el 31% de las personas que viven en la calle lo están desde hace menos de un año, y que la mayoría de ellas, si tuvieran trabajo, no estarían en la calle”, destacó.

En este sentido, los datos de que 33 millones de brasileños pasan hambre, según la 2ª Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid-19 en Brasil, fueron puestos como argumentos en esta dirección, además de la caída del ingreso medio de las y los brasileños, especialmente de los más pobres. “Todo esto ha llevado al Supremo Tribunal a tomar esta decisión preliminar de ampliar la ADPF 828. Para nosotros, la situación de desalojo empeoraría la situación social ya que en cualquier momento podríamos tener 500 mil personas desalojadas”, dice Mafort.

Mafort también destaca otros dos factores preponderantes para el MST en cuanto a la necesidad de la prórroga, además de los señalados por el Ministro. “El primero está vinculado a la cuestión electoral, ya que tener 500 mil personas en la calle en un año electoral podría ser un factor aún más agravante para el uso político electoral; el otro factor es el aumento de la violencia. La situación de escalada de violencia en nuestro país agrava mucho el problema vinculado a la cuestión de los desalojos. Así que, para nosotros, estos dos factores son muy sensibles, delicados, y les estamos prestando atención”.

Como ejemplo, Mafort cita el caso de los indígenas de Mato Grosso do Sul, que fueron desalojados de forma violenta y, en una situación de lucha y retomada de tierras, se produjo el asesinato de dos indígenas. “En esa situación, no hubo orden judicial, los desalojos se suspendieron en la pandemia. La policía fue llamada a petición del latifundista y actuó como sicario, en un conjunto de factores totalmente erróneos, equivocados. Si con la ADPF 828 eso ya ocurre, imagínese sin la ADPF”.

Cuando vivir es un privilegio, la insurgencia es la orden 

Ante esta coyuntura, Mafort recuerda que es importante destacar que el ADPF está en vigor y los desalojos están suspendidos, pero que aún se espera la confirmación de esta decisión por parte del pleno del Supremo Tribunal, prevista para los días 4 y 5 de agosto. “Esperamos que la mayoría de los ministros, como ha ocurrido otras veces, sigan el voto del relator y que este periodo pueda darnos un respiro”.

Aun así, los movimientos y los parlamentarios están buscando formas de evitar los desalojos masivos tras las elecciones. “También estamos de acuerdo con lo que el relator señala en el PL 1501, un proyecto de ley de la diputada federal Natália Bonavides, del PT. Hay una cierta expectativa por parte del STF en cuanto a la importancia de tener un régimen de transición para el retorno de las reintegraciones en Brasil, para que los desalojos no se realicen como una bomba. El PL 1501 habla de un escalonamiento de esta política de transición, de tener en cuenta el tiempo que lleva ocupada esa comunidad, si está consolidada o no, si tiene infraestructura pública, una escuela, unidades de salud, la realidad del lugar”.

Todos estos movimientos tienen en cuenta la búsqueda de un plan para que no se lleven a cabo desalojos que violen los derechos humanos. Entre las alternativas que aún se están elaborando, todas destacan que un proceso de desalojo masivo puede llevar a un agravamiento de los conflictos sociales ante un problema que afecta a Brasil desde hace siglos.

Si el derecho a la vivienda se incluyó en la lista de derechos fundamentales, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Campaña Desalojo Cero sigue sosteniendo el debate de que está lejos de ser una cuestión puntual o legal, sino un problema estructural en el campo y en la ciudad. En este sentido, Kelli Mafort señala que otro apoyo importante para los argumentos de la Campaña Desalojo Cero proviene de la Resolución n° 10 de la CNDH – Consejo Nacional de Derechos Humanos – y la Recomendación n° 90 del CNJ – Consejo Nacional de Justicia.

“El punto es tener en cuenta que las remociones forzadas son una excepción, no deben ser la regla, incluyendo el uso de la fuerza policial, observando la Resolución 10 del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que garantiza soluciones asegurando el respeto de los derechos humanos y medidas preventivas en situaciones de conflictos colectivos de tierras rurales y urbanas”.

Así, varias acciones continúan a toda velocidad para evitar procesos inhumanos de desalojo. Además de contar con el seguimiento de la Campaña Desalojo Cero, un grupo coordinado de organizaciones, entidades, movimientos sociales y colectivos han conseguido ya evitar 120 desalojos y, de esta forma, más de 24.231 familias han podido conservar sus viviendas. La lucha por el derecho a una vida digna y a una vivienda continúa para todas las demás familias.

*Traducido por Julia Giménez

**Editado por Solange Engelmann