A 27 años de la Masacre de Eldorado do Carajás, movimientos denuncian nuevas ‘milicias rurales’

Por Gabriela Moncau
En Brasil de Fato | São Paulo (SP, Brasil)*

Las ocupaciones de Engenho Cumbe, en la ciudad de Timbaúba (Pernambuco), y de la sede del INCRA en Maceió (Alagoas) inauguraron el “Abril Rojo” del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, un mes de movilización en memoria de la Masacre de Eldorado do Carajás, que este lunes (17) cumple 27 años.

La “curva de S” –donde la Policía Militar del estado de Pará asesinó a 21 trabajadores sin tierra en 1996– acoge, desde el pasado día 9, el Campamento Pedagógico de la Juventud Oziel Alves. El campamento, cuyo nombre rinde homenaje al joven de 17 años ejecutado con un disparo en la frente en Eldorado do Carajás, reunió a cientos de jóvenes y cierra sus actividades con un acto este lunes.

“Reforma agraria contra el hambre y la esclavitud: por la tierra, la democracia y el medio ambiente” es el lema de la jornada de abril de este año, en continuidad y actualización de la lucha de los campesinos que tuvieron brutalmente interrumpida la marcha a Belém (Pará) hace 27 años. Este, que es uno de los episodios más emblemáticos de la disputa por la tierra en Brasil, convirtió el 17 de abril en el Día Mundial de la Lucha por la Tierra.

Reorganización de los terratenientes

Y llega el día, en 2023, en un momento en que los movimientos populares e indígenas reclaman tener que enfrentar la organización de nuevas “milicias rurales”.

“Vivimos una reorganización de la UDR”, define Lucinéia Durães, de la dirección nacional del MST. Ella se refiere a la Unión Democrática Ruralista, una organización patronal rural creada para reaccionar de forma organizada y violenta a los avances de los movimientos en defensa de la reforma agraria en los años ochenta y noventa.

“Lo que está ocurriendo es una reorganización de los terratenientes con miras a defender la propiedad en detrimento de la ley y de la vida”, afirma Durães.

Bahia es el estado donde esta articulación está operando de manera más explícita.

En un video que circula en las redes sociales desde el 1 de abril, el ganadero Luiz Uaquim (MDB) se presenta como uno de los organizadores del grupo “Invasión Cero” que, junto a otros terratenientes, pretende impedir las acciones del MST en el estado. “Los productores cambiarán su forma de actuar”, afirma Uaquim: “Este es un hito en la historia del productor contra la invasión de tierras. Hagamos el ‘Abril Amarillo'”, dice.

Tres días después, el 4 de abril, propietarios de tierras se dirigieron en un convoy de 35 camionetas al Campamento Osmar Azevedo del MST, que estaba siendo desalojado en Itabela (Bahia). “Los terratenientes, que organizan una milicia rural en la región, sitiaron el campamento”, describe una nota del movimiento. Según los acampados, “los milicianos” intentaron entrar en la zona “para amenazar y coaccionar a las familias, pero la policía los interceptó”. Luego, el convoy cerró la BR 101 (carretera que conecta el noreste con el sur del país) durante 15 minutos.

La acción siguió un patrón similar a lo ocurrido en Jacobina (Bahia), el 3 de marzo. Campesinos que habían ocupado una finca abandonaron la zona bajo tensión, frente a una caravana de terratenientes que, al son del himno nacional, desmantelaron chabolas e incendiaron colchones.

“No les importa si son zonas improductivas, no les importa el hambre, no les importa otra cosa que no sea la defensa de la propiedad y, sobre todo, cuando esta es ilegal. Porque la ocupación existe precisamente para denunciar la ilegalidad: el incumplimiento constitucional de la función social”, declara Durães.

::

Según una hoja de cálculo publicada por CNN, 800 propietarios de tierras distribuidos en 130 ciudades de Bahía forman parte del grupo “Invasión Cero”. Estarían organizados en siete células principales, centralizadas en los municipios de Itabuna, Ipaú, Itapetinga, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus y Vale do Jiquiriçá.

La articulación de los terratenientes cuenta con el apoyo público de sindicatos rurales, entidades como la Federación de Agricultura y Ganadería de Bahía (FAEB) y de políticos como el alcalde de Andaraí, Wilson Paes Cardoso. En una nota, Cardoso, quien también es ganadero y presidente del Consorcio Chapada Forte, dice que está “en total desacuerdo con cualquier acto de invasión u ocupación”, ya que viola “el derecho de propiedad” y genera “inseguridad jurídica”.

“¿Quiénes son ellos? Son esos bolsonaristas radicales que, cuando se vieron obligados a abandonar el frente de los cuarteles y a desbloquear las carreteras, empezaron a buscar un blanco. Y entienden que el blanco somos nosotros, por lo que representamos: campesinos, comunidades de ‘fundo e fecho de pasto’ [que crían ganado suelto en régimen comunal], ribereños, indígenas”, enumera Durães.

A fines de marzo, organizaciones indígenas enviaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiendo que, con los “ataques de terratenientes y milicianos”, doce mil indígenas pataxó viven bajo una “guerra de baja intensidad” en el sur de Bahía. El 17 de enero, los jóvenes pataxó Samuel Braz e Inauí Brito fueron asesinados a orillas de la carretera BR-101.

Violencia, caravanas, lobby y redes sociales

Eliane Oliveira, de la dirección estadual del MST en Bahía, cuenta que, días antes del 17 de abril, circuló en las redes sociales una imagen con una foto de los ataúdes de los muertos en la Masacre de Eldorado do Carajás. En la parte superior, frases en tono amenazador: para que esta escena no se repita, las ocupaciones deben dejar de ocurrir.

“Lo que han estado haciendo también es producir terror”, describe. “Pero lo que siempre supimos hacer es ocupar tierras y vamos a continuar”, señala Oliveira.

“No aceptaremos el desalojo por parte de los terratenientes. Hemos informado al gobierno de Bahía sobre la situación y queremos saber cómo la van a enfrentar”, reclama.

El uso de las redes sociales, con imágenes, videos de la propia caravana y el llamado a la acción de los ruralistas, es destacado por los líderes sin tierra como una característica de lo que Oliveira llama el “nuevo disfraz” de la acción organizada de los grandes propietarios de tierras.

Para Durães, “la agitación y la propaganda para mantenerse arriba del escenario” es uno de los tres componentes de esta articulación ruralista. “Harán estas acciones y las filmarán. Se irán mostrando, haciendo llamados”, describe.

Los otros dos elementos, según ella, son “la violencia y el exterminio” y el lobby institucional a través del Frente Parlamentario Agropecuario. Esta bancada de parlamentarios bolsonaristas defiende actualmente la creación de la llamada “Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del MST“, que busca criminalizar el movimiento.

“Hemos derrotado a Bolsonaro. Pero la sociedad brasileña aún necesita derrotar al bolsonarismo”, analiza Durães. “Es este bolsonarismo que intenta construir una naturalización de la muerte, que hace que una parte de la población ignore que tenemos a cientos de millones de personas que siguen pasando hambre”, expone.

“Mientras tanto”, continúa Durães, “los terratenientes invaden la Amazonía para criar ganado en tierras públicas. E invaden tierras indígenas, diezmando poblaciones, como venían haciendo con los yanomami”.

“No es de extrañar”, dice, “que veamos tantos rescates de personas en condiciones análogas a la esclavitud. Que veamos a una mujer blanca golpeando con un látigo a un trabajador negro uberizado. Que veamos a terratenientes, pistola en mano, grabando [videos] para desalojar a los sin tierra”.

La memoria de Carajás como proyección de futuro

Para Oliveira, la omisión del Estado –sea en la falta de justicia en relación a la Masacre de Eldorado do Carajás, sea en la libertad con que actúan las “milicias rurales”– conecta el escenario de hace 27 años y el de hoy.

“Los terratenientes están dando la cara, diciendo quiénes son, cómo se están organizando. ¿Y qué ha hecho el Estado al respecto?”, pregunta. “Mientras tanto, siguen actuando y, como dice la foto que circulan [con los ataúdes], pueden hacer lo mismo. Porque no hubo justicia para los trabajadores de Carajás. No ha sucedido hasta hoy”, dice Oliveira.

De los 155 policías que actuaron en la masacre, solo los dos comandantes del operativo fueron condenados por homicidio doloso. Los coroneles Mário Pantoja y José Maria Pereira Oliveira fueron detenidos en 2012, 16 años después del hecho. Cuatro años después, salieron a cumplir su condena en libertad. Pantoja murió en Belén en 2020.

En diferentes acciones judiciales a partir de la década de 1990, el poder judicial ordenó al Estado indemnizar y brindar tratamiento médico a 50 de los sobrevivientes, así como una pensión a algunos familiares de los trabajadores asesinados. Otros 20 reclaman una indemnización y esperan una respuesta de la Fiscalía General del Estado de Pará.

El abogado Wlamir Brelaz ha defendido a sobrevivientes de la masacre desde 1998. En entrevista con Brasil de Fato para el programa Bem Viver, Brelaz opina que la mayor injusticia relacionada con ellos, hasta la fecha, es la falta de acceso a la salud, a pesar de una decisión judicial que obliga al Estado a brindarla.

Los sobrevivientes de la Masacre de Eldorado do Carajás, sin embargo, son mucho más numerosos que los que entraron en una batalla legal con el Estado: 1500 campesinos participaron en esa marcha. Al menos 79 resultaron gravemente heridos.  

Para Brelaz, la falta de rendición de cuentas por parte del Estado en el episodio “es consecuencia y, al mismo tiempo, causa y estímulo de nuevas violencias”. “Por los mártires de Eldorado”, subraya Durães, sin embargo, “nuestra militancia está dispuesta a enfrontar este nuevo tiempo”.

“Los 21 sin tierra fueron asesinados mientras luchaban por la tierra. Y nos damos cuenta de que, 27 años después, todavía estamos ocupando tierras y enfrentando el latifundio para que la reforma agraria suceda”, destaca Oliveira.

Según ella, “sigue siendo muy alta” la expectativa de que las consignas del movimiento avancen bajo el nuevo gobierno de Lula. Sin embargo, tras poco más de 100 días de gobierno, señala que el resultado no ha llegado: “Esperamos que este mes de abril logre que el gobierno ponga esta agenda sobre la mesa”.

“No habrá silencio mientras no haya justicia”, resume Lucinéia Durães. “Y justicia, para nosotros, es que se haga la reforma agraria. Haremos nuestro abril. Y haremos todo nuestro año de lucha por justicia.”

*Edición: Nicolau Soares e Flávia Chacon / Traducción: Isabela Gaia