Un golpe que todavía grita

Por Ariane Araújo* y Carol Proner**
De la Página del MST

Pasados cuatro años del Golpe de 2016, que merece ser escrito con mayúscula tanto por el registro histórico traumático como por sus consecuencias capitales, son muchos los que prefieren no reconocer la gravísima ruptura institucional que irrumpió en el proceso democrático brasileño y que estancó el promisorio futuro de Brasil como nación.

Pero también es cada vez mayor el número de personas que reconocen en el proceso de destitución, algunos incluso confiesan cierto arrepentimiento por haberlo apoyado, un juicio de carácter político ilegítimo, construido sin bases jurídicas y con un tremendo apoyo mediático que dio impulso al resurgimiento de los peores valores y sentimientos entre legisladores y algunos sectores de la sociedad, valores que pensábamos derrotados junto a los escombros de la dictadura cívico-militar.

Más allá de la constatación de que fue un golpe, o incluso si algunos no son capaces de entender la falta de sustentáculo jurídico para el proceso de destitución que llevó al alejamiento prematuro de Dilma Rousseff, la historia brasileña registrará inexorablemente el evento como un punto de inflexión y el inicio de un período oscuro, reaccionario y, en muchos aspectos, protofascista.

Está claro que uno de los objetivos para el derrocamiento de Dilma Rousseff y para determinar el fin de la era Lula/Dilma fue el proyecto de desestabilizar profundamente las bases económicas garantizadas por un modelo social desarrollista, dando lugar a una economía de corte financiero y rentista, alejada de cualquier tipo de compromiso social.

El saldo, tras cuatro años, es la constatación de la regresión generalizada. Dicha regresión se da em todas las áreas que representaran conquistas sociales y distribución de riqueza por medio de políticas públicas.

El desmonte de derechos y programas sociales arduamente conquistados hace aún más difícil evitar el agravamiento de la desigualdad social, como bien demuestra el aumento del número de desempleados (90,5 millones) que este año superó una vez más el de empleados en el país (83,3 millones,
segundo fuentes del Instituto Brasileño de Estadísticas, IBGE).

Sin embargo (y el aprendizaje de este tipo de ruptura radical nos obliga a pensarlo así), el ataque al gobierno de Dilma no generó apenas el desmonte del proyecto social e inclusivo de sociedad, sino que también promovió, por intermedio de la compleja maniobra de persecución jurídico-mediática, la invisibilización política de las fuerzas de izquierda que venían gobernando el país.

Todavía sabemos poco de los detalles del alcance de ese inmenso esquema de destrucción y de sujeción a los intereses de otras potencias, pero es cierto que el exjuez Sergio Moro mantuvo relaciones íntimas con integrantes de la operación Lava Jato y con congéneres internacionales.

Estuvo frecuentemente en los Estados Unidos visitando entidades públicas y privadas dedicadas a usar el “combate a la corrupción” como activo estratégico nacional, pasando por el uso de la extraterritorialidad, algo que toda América Latina ya entiende que es una nueva estrategia de expansión económica regional.

Desde que se convirtió en el superjuez, Sergio Moro actuó de forma diametralmente opuesta al derecho y ya es conocido como el célebre artífice del lawfare, palabra que define la utilización de instrumentos legales y del sistema de justicia para perseguir y destruir adversarios políticos.

Las revelaciones que aportó la Vaza Jato [NdeT: serie de reportajes de los periódicos The Intercept Brasil y Folha de São Paulo sobre la connivencia y colaboración política entre la fuerza tarea del ministerio público, el juez Moro y miembros del Congreso] solo confirmaron lo que muchos juristas ya deducían: de las escuchas ilegales a la relación de complementariedad con medios de comunicación, la Lava Jato se valió de todo para alejar al candidato favorito en las elecciones de 2018.

Dicha maniobra no se restringió al Poder Judicial, sino que contó con la anuencia y participación directa de sectores empresariales en alianza con los partidos de derecha y el llamado “centrão” [NdeT: grupo de partidos políticos de centro y centro derecha], consolidando en el poder a la élite político-económica que secuestró al gobierno para instituir una política completamente subordinada a los intereses del capital.

Es importante resaltar el cuño estratégicamente militar y de naturaleza misógina, racista y latifundista, extendiendo el uso político del derecho para otras finalidades y agendas, uniendo principios “lavajatistas” a la agenda autoritaria “bolsonarista”.

Es en ese contexto propicio donde observamos la entrega de riquezas nacionales al capital externo, en favor de empresas extranjeras, al tiempo que se intensifican las ofensivas contra las periferias urbanas, las poblaciones y organizaciones del campo como el Movimiento Sin Tierra, los pueblos originarios y quilombolas.

No por nada los estrategas de todo el mundo estudian estos nuevos golpes (institucional- mediático-jurídico-empresariales) dentro del contexto de una guerra híbrida instaurada como forma de desmovilizar la lucha popular por medio de formas de ataque híbridas y combinadas: desalojos forzados, criminalización de la lucha, el fortalecimiento de los grupos paraestatales armados, formación de paramilitares en el campo y en la ciudad.

La organización social que servía de sostén en la construcción de la soberanía nacional y de los procesos democráticos se convierte en el blanco principal en el violento cambio político económico, para satisfacer las necesidades del capital neoliberal vigente, suscitando una ruptura del pacto democrático.

He aquí las razones del Golpe de 2016, urdido mucho antes, tal vez incluso antes de 2013, año en que vivimos manifestaciones fascistas entre las protestas legítimas en las calles de las grandes ciudades. Entender que estamos bajo ataque es la única forma de reorganizar los movimientos y la lucha. El aumento de la violencia de género, raza, clase y al medio ambiente es parte de los síntomas de un Brasil sometido a este sistema predatorio que debe ser denunciado, al tiempo que forjamos nuevas estrategias de
contraataque.

Al Brasil de Bolsonaro, subproducto de la violencia institucional que representa el Brasil masculino, blanco, elitista, conservador y violento, contraponemos la lucha incansable en su extremo opuesto: de la clase trabajadora negra, indígena, LGBT, mujer, periférica y campesina. El legítimo legado de la mujer Dilma Rousseff y de la democracia brasileña que tanto hizo por el pueblo es la munición para estos embates y sus 54 millones y medio de votos no son solo números, sino que son parte directa de la historia de defensa de la soberanía popular, en la vigencia de un verdadero Estado Democrático de Derecho.

*Ariane Araújo es abogada, integrante del Sector de Drechos Humanos del MST en Bahia y Miembro de la ABJD Bahia

**Carol Proner es abogada, Doctora en Derecho Internacional y Miembro fundadora
de la ABJD

***Traducción: Rodrigo Valdés Ferreyra