El MST construye un proceso de reparación colectiva a los crímenes de Vale

Al cumplir 5 años desde que se rompió la presa de Fundão, el movimiento presenta la agroecología como la semilla de un nuevo modelo de minería
Cinco años de impunidad por los crímenes de Vale (Samarco y BHP), en Minas Gerais, Brasil. Foto: Divulgación

Por Bruno Silva Diogo
Del Sector de Producción del MST

El 5 de noviembre de 2015 es la fecha del mayor crimen ambiental de la historia de Brasil, que cobró la vida de 19 personas y condenó el río Río Doce al lodo desde su nacimiento hasta su desembocadura. Se han completado cinco años de impunidad por los crímenes de Vale (Samarco y BHP) debido a la ruptura de la presa de Fundão, en Mariana. El crimen expuso las debilidades del modelo minero en el estado de Minas Gerais, que sigue dando lugar a graves problemas como la ruptura de la presa de Brumadinho, que ocurrió en enero de 2019, matando esta vez a 272 trabajadores. Desde entonces, el luto permanente en memoria de los muertos, las luchas sociales por los derechos de los afectados y la construcción de alternativas populares para la recuperación de la cuenca por parte de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del MST, son algunas de las acciones, en un intento de devolver la vida al Río Doce.

El modelo minero actual

Poco después de que se rompiera la presa, se detectaron unas 400 minas abandonadas o desactivadas en el estado, empresas que dejaron un riesgo ambiental y social inminente. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), Minas Gerais tiene 3 presas clasificadas en el nivel 3, el mayor riesgo de ruptura. Son BR/B4, de la Mina Mar Azul, en Macacos, Forquilha III, en Ouro Preto y el Alto Sur de la Mina Gongo Soco, en Barão de Cocais. Todos pertenecen a Vale. A principios de este año, se prohibieron 37 presas por no presentar una declaración de condición de estabilidad.

Este modelo minero no deja sólo problemas ambientales y sociales. Económicamente, poco queda de la recolección a los municipios que albergan las cavas y las presas de residuos. Se crea un círculo de dependencia, en el que el municipio presta los servicios que atienden a la exploración minera. Los puestos de trabajo generados ofrecen un riesgo inminente para la vida de los trabajadores, y existe una práctica generalizada de exención de impuestos, “acuerdos” con alcaldes, vigilancia y persecución de personas y organizaciones críticas con el modelo.

Cuando el mineral se agota no queda ninguna alternativa económica para los residentes de estas ciudades. Además, el mantenimiento de la concentración y la especulación de la tierra, especialmente en las zonas donde el subsuelo tiene potencial para ser explotado, impide que un programa de distribución de tierras sea una opción de desarrollo para el campo.

Esta cadena de producción sucia se centra en la exportación de mineral de hierro como commodity. La materia prima va al extranjero con un beneficio mínimo y desde la Ley Kandir de 1996, favorece la continuidad de los beneficios de las grandes empresas. Sólo queda la carga para los territorios explotados. El gobierno federal guarda silencio sobre las muertes de la minería, pero celebra la entrega de la soberanía brasileña. Con el respaldo de Jair Bolsonaro, las empresas mineras siguieron operando durante el período de mayor intensificación del aislamiento social. Arriesgando una vez más las vidas de sus 55.000 trabajadores, Vale ganó 15.000 millones de reales en el tercer trimestre de 2020, más del doble que en el mismo período de 2019.

La Reforma Agraria Popular


En este contexto, los campesinos organizados en el MST han venido luchando para denunciar el insostenible modelo minero brasileño, además de exigir las compensaciones y reparaciones necesarias para la recuperación ambiental, económica y social de estos territorios destruidos por los residuos de las empresas mineras. Ha habido muchas marchas, actos políticos, ocupaciones de senderos y la propia constitución de campamentos en zonas mineras, que señalan un camino para la transformación de esta realidad.

Las propuestas de reparación y recuperación en la cuenca del Río Doce y la cuenca del Paraíso Medio presentadas por el MST tienen por objeto hacer efectiva la Reforma Agraria Popular. El programa agrario del movimiento busca a través de la democratización de las tierras improductivas ampliar el sentido de la función social de la tierra, colocando las áreas de reforma agraria como guardianes de los recursos naturales y graneros para la producción de alimentos sanos, de calidad y en cantidad. De esta manera, los territorios rurales se vuelven extremadamente importantes para los trabajadores que viven en las ciudades, ya que garantizan la protección de los biomas, las fuentes de agua, además de aumentar la oferta de alimentos, bajando así el precio de la cesta básica.

En el campo, el objetivo de nuestro programa es transformar los asentamientos de la reforma agraria en el mejor lugar para vivir, estructurando los servicios públicos de los derechos de los trabajadores, como escuelas en todos los niveles, dispositivos SUS y espacios de arte y cultura. Los asentamientos deberían ser áreas de vivienda, trabajo decente e ingresos para todas las familias. Por lo tanto, afirmamos que la minería es el proyecto de la muerte y la Reforma Agraria el proyecto de la vida.

La propuesta popular de recuperación de las cuencas del Río Doce y del Medio Paraíso


Ante la lentitud de las propuestas de reparación y recuperación de las empresas, y en el caso de la cuenca del Río Doce, de la Fundación Renova, los trabajadores sin tierra afectados por los crímenes de Vale decidieron tomar la delantera en las acciones. A partir de 2018 se han adoptado las siguientes directrices para las acciones en las cuencas impactadas: es legítimo el derecho de las familias impactadas a buscar acceso a la compensación y a participar en los procesos de recuperación; todas las acciones que se construyan en los territorios de la reforma agraria deben fortalecer la Agroecología, que se opone al modelo minero actual; es necesario involucrar a las entidades de los trabajadores en los procesos de preparación y ejecución de los proyectos.

Así, en la cuenca del Río Doce, el Programa de Recuperación Popular ya ha comenzado. Se trata de proyectos de reforestación en zonas de recarga hídrica y zonas de protección permanente, centrados en la aplicación de sistemas agroforestales, que combinan la plantación de árboles y la producción de alimentos. Asistencia técnica a las familias para asegurar la recuperación económica y ambiental de las zonas afectadas. Y un programa de formación en agroecología, con capacitación, involucrando directamente a las familias afectadas.

El reto ahora es iniciar el Programa de Recuperación Popular en la Cuenca del Medio Paraopeba, donde también se propone la reforestación, la construcción de un vivero regional de plantones, la asistencia técnica y un proyecto de capacitación para las familias afectadas. La mayor expectativa es con la construcción de la Escuela Popular de Agroecología Ana Primavesi. Este centro de capacitación pretende ser un laboratorio de producción y socialización de conocimientos y tecnologías agroecológicas.

La futura escuela rinde homenaje al centenario de la agricultora, profesora e investigadora Ana Primavesi, por toda su dedicación a las bases ecológicas de la producción de alimentos. La escuela servirá a las familias sin tierra y a los campesinos del territorio de Paraopeba. La inversión en educación, en todas sus esferas, sostendrá los cambios necesarios en el modelo minero.

Al tener éxito en la aplicación de estos planes, el MST cree que la resistencia activa, necesaria en esta coyuntura desfavorable, permitirá que la lucha continúe y se amplíe la Reforma Agraria Popular en Minas Gerais.

*Editado por Solange Engelmann